La Voz de CIDEP es un espacio para difundir el pensamiento de la Institución sobre los diferentes aspectos de interés nacional, se publica todos los miércoles en el periódico COLATINO, en ella se tratan temas educativos, económicos, culturales y sociales, con el objetivo de aportar a al construcción de una sociedad crítica y pensante capaz de aportar a los grandes problemas que enfrenta el país.
Durante 18 años de gobierno de Arena, funcionarios públicos con altos cargos y grandes empresarios han defraudado la economía pública por montos millonarios. Muchos de estos casos de corrupción, ya sea pública o privada permanecen en la impunidad.
Si bien la corrupción pública es grande, la privada es mayor y se expresa en la cuantiosa evasión de impuestos que hacen los grandes empresarios del país, sobre todo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y sobre la Renta Neta Imponible (ISR). Es decir, sobre la ganancia de los empresarios medianos y grandes, pues la pequeña y micro empresa no es agente de retención fiscal, no cobra IVA, ni se lo traslada a los precios.
Mientras, la población trabajadora, a diferencia de los empresarios, no puede evadir el pago de la renta salaria, pues las empresas descuentan dicho impuesto antes de pagar los salarios.
El ex embajador de Estados Unidos en El Salvador, señor Douglas Barclay dijo, en octubre del 2006, que el gobierno salvadoreño sólo recaudaba el 61.1% del dinero del IVA, que en ese año sumó mil 308 millones de dólares.
En el 2006 se calcula que la evasión de impuestos de los grandes y medianos empresarios fue de 2 mil 58 millones de dólares. Dinero que debieron haber entregado al Estado, porque son fondos que no les pertenecen.
Con un promedio de $2 mil 58 millones, el gobierno podría duplicar la inversión en salud, educación, obras públicas, transporte y desarrollo urbano.
Con $ 2 mil 58 millones, anualmente, el gobierno podría eliminar al mismo tiempo y en pocos años el déficit de vivienda, el analfabetismo y la mortalidad infantil.
Con la mitad de $ 2 mil 58 millones, el gobierno podría triplicar la inversión en construcción de caminos rurales, dotar de agua y electricidad a buena parte de la población rural y urbana.
Si tomamos en cuenta la evasión de los últimos 18 años, no sólo del 2006, estaríamos ante una cifra mayor a los 25 mil millones de dólares. Con ese dinero, el gobierno no tuviera la deuda actual, cuyo pago implica una cuarta parte del presupuesto nacional actual.
Si el gobierno realizara acciones para evitar la evasión fiscal de la gran y mediana empresa contaría con fondos para desarrollar un amplio programa social, dando prioridad a la niñez, a las mujeres, a la población campesina y a la micro y pequeña empresa. Así avanzaríamos en la reducción del hambre y la pobreza al 2015.
Por eso, este pasado 17 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra la Pobreza, el Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza, capítulo El Salvador, realizó una caminata bajo la consigna “Mano dura a la evasión fiscal de la Gran Empresa” y presentó a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia para exigir, entre otras cosas, una reforma tributaria que controle la evasión fiscal y un sistema de impuestos bajo el espíritu de “quienes tienen más paguen más”.
¡Si hay voluntad política no hay excusas para no cumplir!
Sin excusas, no más pobreza en El Salvador
[1] Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza. “La corrupción en El Salvador”, documento de análisis sobre evasión y corrupción en El Salvador.
La idea de celebrar el Día de la Mujer Rural surgió durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, organizada por la ONU y celebrada en Pekín en 1995.
Actualmente se afirma que a pesar del crecimiento observado en la representación de las mujeres en la toma de decisiones, siguen estando escasamente representadas. Esa representación insuficiente es mayor en las zonas rurales. Esto, junto a la escasa comprensión de sus derechos reivindicativos en materia de acceso a los recursos, a créditos, semillas, herramientas, educación, tecnologías, a sus derechos económicos, sociales y culturales, las convierte en presas de la marginación y discriminación.
En el marco de la celebración del Día Mundial de la Mujer Rural, en el 2006, la Organización Mundial de Agricultores, FIPA[2], recomendó a los gobiernos y a las organizaciones de agricultores, medidas destinadas a las mujeres rurales en los siguientes ámbitos: identidad, diálogo, información, independencia e influencia, con el fin de superar los obstáculos que impiden su pleno desarrollo personal y colectivo.
Según la FAO, las mujeres producen más del 50% del alimento que se cultiva en el planeta. La mayoría de las personas pobres del planeta viven en zonas rurales y el 70% de éstas son mujeres[3].
Las estadísticas específicas sobre género confirman dos cosas: la mayoría de pobres del mundo son mujeres y son responsables de alimentar a hombres, niñas y niños, y así mismas. Para ello las mujeres rurales cultivan, cosechan o pescan los alimentos para su familia, llevan agua y leña a la casa, preparan y cocinan los alimentos, lavan, plancha, son responsables de la crianza y cuido del grupo familiar.
Donde las familias rurales tienen algo que comer, en gran medida es gracias al esfuerzo, aptitudes y conocimientos de madres, esposas, hermanas e hijas. Sin embargo, en nuestras sociedades son las últimas que tienen acceso a los recursos, a la educación y a los préstamos financieros.
Se asegura que las dificultades de las mujeres rurales están empeorando; conforme los hombres y mujeres jóvenes emigran a las ciudades o a otros países en busca de trabajo y mejores oportunidades de vida, las mujeres que se quedan en sus localidades luchan solas por la crianza, protección, cuido y sostenimiento de su familia.
CIDEP, en el Día Mundial de la Mujer Rural, a celebrarse el próximo 15 de octubre, saluda a todas las mujeres rurales, reconociéndoles su trabajo para el desarrollo de sus comunidades y nuestra sociedad y se solidariza con las instituciones y organizaciones que trabajan en la demanda mayor inversión en las mujeres rurales a fin de mejorar su desarrollo personal y colectivo, para que alcancen mejores condiciones de vida.
[2] FIPA, Comunicado de Prensa, 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, 2006.
[3] Ibid,
Termina el día de trabajo y no tienen dónde ir, un lugar para descansar, estar o encontrarse con la familia. Cada día despierta en la vía pública, sin saber dónde pasará la noche, a la vista de toda la gente. Imagínese que Usted no tiene un lugar donde vivir y sentirse con un mínimo de seguridad y resguardo ¿Qué pasaría?
El tener un vivienda, pero además digna, adecuada para llevar una vida segura y saludable es un derecho humano cuyo incumplimiento es una grave violación a toda persona y, además implica otra serie de violaciones a derechos humanos como salud (física y mental), intimidad, agua potable, educación, ambiente saludable, etc.
Cada primer lunes de octubre se conmemora a nivel internacional del “Día de las personas sin techo”, como otras fechas conmemorativas, con este día se quiere llamar la atención de los gobiernos y sociedad civil sobre la falta de acceso a una vivienda digna de gran parte de la población, lo cual afecta su desarrollo humano y el desarrollo de las naciones.
En El Salvador, el acceso a una vivienda adecuada es un derecho reconocido a través de los tratados internacionales suscritos por el Estado, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se reconoce el derecho que toda persona a un nivel de vida adecuado para ella y su familia, lo cual incluye vivienda digna.
La legislación nacional también contempla una serie de aspectos encaminados a garantizar este derecho, empezando por la Constitución de la República, que en su artículo 119 establece que el Estado procurará que el mayor número de familias lleguen a ser propietarias de su vivienda.
El acceso a una vivienda digna no sólo implica contar con un techo, implica que ese espacio de resguardo tenga condiciones que permitan el desarrollo y existencia de cada persona, por ejemplo: servicios de agua potable y electricidad, la construcción sea de un material que no afecte la salud de las personas y proporcione seguridad; que esté ubicada en un lugar que no represente graves riesgos y goce de un entorno saludable. La descripción anterior se vuelve una ficción para miles y miles de familias salvadoreñas.
En este sentido, el gobierno debe contar con una política pública de vivienda con una estrategia que posibilite la reducción paulatina del déficit habitacional, que por ahora se calcula aproximadamente en 537 mil unidades.
¿Qué hacer? El fenómeno es complejo y, al igual que otros tantos derechos fundamentales, el acceso a una vivienda digna es en privilegio de pocos en nuestro país, pese a ser un derecho de todas y todos.
Sin embargo, una buena idea para reducir este déficit y garantizar a la población su derecho es el combate a la evasión fiscal de la gran empresa y la corrupción. Con lo que el Estado pierde al permitir la evasión fiscal de la gran empresa y la corrupción pública, el gobierno podría no sólo hacer cumplir la ley, aumentar la inversión en salud pública y educación; sino también disminuir y erradicar en un promedio de 7 a 9 años, el déficit habitacional. Es una idea, para empezar.